El proyecto de constitución que será objeto del referéndum aprobatorio se encuentra viciado, tanto por su contenido, como por su origen. Argumentaré que estos vicios nos proporcionan las mejores razones para decidir votar por el NO. A su vez, los mismos principios, en que se basan estas razones, nos imponen algo más. En cuanto a los vicios de contenido, son antidemocráticas muchas cláusulas del exhaustivo proyecto, debido a que encierran meros intereses coyunturales del partido de gobierno. Asimismo, ciertas disposiciones del texto son perfeccionistas, lo cual atenta contra el principio de autonomía, eje central del liberalismo.   
 
En un artículo anterior, “Paradoja de la Democracia”, enuncié la única razón plausible (moral) para el establecimiento de una constitución allí donde se busque instaurar -o esté vigente- un sistema democrático. Traté de justificar, por moralmente valiosa, aquella constitución que garantiza ÚNICAMENTE los requisitos mínimos (derechos y competencias) para perpetuar el gobierno de las mayorías. El proyecto, al abarcar todos los aspectos esenciales del quehacer político, impone decisiones muy costosas, por el triple candado de las reglas de cambio, para las futuras mayorías.

Hay que preguntarse qué les quedará por decidir a los futuros “representantes” del pueblo ecuatoriano estando regidos por las decisiones adoptadas en Montecristi. La patria ya es de todos, sostiene la revolución ciudadana (especie de dictadura del proletariado pero sin lucha armada, ¡patrañas!), sin embargo, la imposición de normas tan restrictivas atenta contra el soberano pueblo ecuatoriano. ¿Será cierto que los asambleístas elegidos en el 2007, próximos congresillistas, mantienen su representatividad por muchos años más, y aún luego de corrido el velo de inocencia que reflejaba apatía a las prácticas de la vieja partidocracia? De hecho, el paso del tiempo es un límite insuperable de la representación democrática. En las próximas elecciones el padrón electoral será distinto: los ciudadanos que durante estos meses han obtenido su mayoría de edad deberán votar y otros dejarán de hacerlo por jubilación, defunción o interdicción.

No obstante lo señalado, lo más reprochable del contenido de la eventual nueva constitución son las regulaciones de cuestiones que corresponden –exclusivamente- al ámbito de las decisiones privadas. Como señalé, algunas disposiciones son perfeccionistas, como los deberes de los ciudadanos: anteponer el interés general al interés particular. ¿Se llegará al ridículo de forzar su aplicación? Se nos impone el priorizar la felicidad general aún cuando ello vaya en detrimento de la felicidad de nuestra familia.

En el tema de la ética laica promovida por el Estado, normativamente un gobierno que busque tratar a sus ciudadanos con igual consideración y respeto, no debe priorizar ningún tipo de educación. Imaginen el caso de un padre de familia pobre y evangélico por un lado y, por el otro, un padre rico y asimismo evangélico. Ambos, como es lo más usual, querrán que sus hijos sigan sus preceptos religiosos, sin embargo, uno de ellos, el pobre (siempre el pobre) encontrará frustrado el plan de vida trazado para su hijo, pues las únicas instituciones asequibles, por gratuitas, no proporcionan la enseñanza religiosa que llene sus expectativas. En cambio el rico, sujeto del “natural” derecho a la propiedad, tiene, dentro del sector privado, otra alternativa que posiblemente se adecue a sus preferencias. Vemos cómo un factor moralmente irrelevante, la carencia de recursos económicos, determina el futuro de una persona (no creo que en el siglo XXI alguien se atreva a argumentar que la educación no es esencial para el desarrollo de cualquier plan de vida).

Sin dudas este proyecto es insuficientemente liberal. Bueno, qué se le va a hacer, dirán los apologistas de Correa, la educación pública laica y la consagración de deberes ciudadanos se encontraban vigentes también con la Constitución del 98 y, después de todo, nadie dijo nada. Debemos precisar que lo que se haya dicho o hecho, o dejado de decir o hacer, no sirve como argumento justificatorio, de lo contrario se caería en la falacia naturalista: los hechos no justifican acciones o decisiones, existe un abismo lógico entre el ser y el deber ser.

Con respecto a los vicios de origen del proyecto de Constitución, basta recordar que el Estatuto imponía, como única autoridad para la toma de decisiones constituyentes, a la mayoría absoluta de los asambleístas. El 28 de septiembre nos deberemos pronunciar por una Constitución diferente (alterada, modificada, falseada) de la aprobada por dicha autoridad. Con tanta desfachatez, por su ignorancia manifiesta, los agentes constituyentes realizaron vulgares campañas políticas para ser elegidos. Nuestros sentidos fueron sometidos a tan vergonzosas palabras e imágenes que debimos sufrir en vano, sumisa y pacientemente, ¡todo para NADA!

Propio de los CFP, ID, PSC, PRE, PRIAN, DP, MPD, SP –para cualquier persona decente el tener que recordarlos resulta fastidioso- fue el estilo de aprobación de normas ahora utilizado por Alianza País en las dos últimas semanas de funcionamiento de la Asamblea. Los bochornosos paquetazos, la votación trasnochada, la presencia de extraños funcionarios; historia repetida por nuevos políticos ahora sin partido. Los famosos tecnócratas también aparecieron. Una comisión de iluminados, asesorados por foráneos eruditos, se impuso a la voluntad del soberano. Dicha voluntad se expresó a través de una precaria representación -pero representación al fin y al cabo- consentida por un estatuto aprobado abrumadoramente.

Desde ya dejo sentada mi postura: oponerme a la entrada en vigencia de este proyecto de constitución no supone mi conformidad con la vuelta al orden anterior. Ésta es una trampa del oficialismo y constituye otro vicio moralmente reprochable del proceso constituyente. Hasta la fecha no se conoce que la mayoría popular haya consentido en someterse al menú que se nos propone desde Carondelet. No cabe como alternativa legítima el restablecimiento de las instituciones políticas tal y como venían funcionando hasta antes del inicio del proceso constituyente. Las prácticas del régimen político anterior son injustificables.

Ahora abordo lo más problemático del argumento. Sostengo que nuestra obligación moral no termina con tachar en la papeleta dentro del recuadro del NO, o de rayarla de cualquier otra forma que no implique el SI (anulando), sino que respondemos también por lo que suceda luego de los resultados “sepultadores” del correísmo. La victoria del NO, en vez de lo que pretenden los confundidos socialistas del siglo XXI y los necios Ultras del XIX –época de Carlos X en Francia o de los carlistas en España-, tiene como consecuencia normativa la imposición de nuevos procesos de deliberación.

Los debates deben continuar en los medios de comunicación masiva, manteniendo los actuales espacios políticos. Es responsabilidad de la ciudadanía confrontar con quienes pretenden hacer “borrón y cuenta nueva”. Se debe buscar aumentar las manifestaciones en las calles, mediante marchas y contramarchas, utilizar la desobediencia civil en situaciones concretas donde la arbitrariedad se torne evidente, pues son formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Asimismo, los partidos tradicionales -sus escasos cuadros-, que obviamente habrán elegido el NO, deben realizar una revisión profunda de su pasado, confrontar su accionar con la ideología que defienden, o hacerse a un lado y no entorpecer la creación de futuros partidos y el surgimiento de nuevos líderes.

La deliberación entre iguales es el procedimiento más confiable para decidir los asuntos más importantes de forma correcta (este tema lo desarrollé con amplitud en la edición número quince). Para quienes elegimos el NO, constituye un deber moral perpetuar un sistema deliberativo. Debemos descartar los binarismos ganador-perdedor, bueno-malo, amigo-enemigo, en el que nos encierra Alianza País, ya que no funcionan para resolver los problemas que se presentan en el mundo real, donde por regla general caben más de dos alternativas para elegir.

Sostengo que si la gente, en realidad de verdad, se encuentra preocupada por tomar una decisión “correcta”, entonces debe decidir en base a razones morales. Los principios morales son el último tribunal de apelación para justificar la decisión que se adoptará en el referéndum. Las razones basadas en estos principios, excluyen cualquier otro tipo de razones, como las prudenciales originadas del autointerés o del interés de clase.

En consecuencia, los argumentos parcializados, manipuladores, propios del oscurantismo, que apelan a meras supersticiones (prejuicios, fobias) deben descartarse. Es curiosa, por muy liberal, la actual estrategia de las autoridades eclesiásticas de promover la reflexión crítica y el examen de conciencia de los católicos individualmente: la reflexión individual, en el siglo XVI, destruyó la unidad de la Iglesia. Obviamente que esto no es del todo cierto, los famosos cuatro puntos innegociables, pretenden determinar, más que influir, dado el temor reverencial, la -en teoría- autónoma decisión de los cristianos.

En conclusión, desechemos los argumentos que no superan el mínimo test racional, no prestemos atención a las ideas dogmáticas, seamos críticos y asumamos la responsabilidad moral de votar por el NO.