La política siempre se ha entendido como una actividad humana dirigida a la ordenación justa y racional de los asuntos públicos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, del pueblo en su conjunto. Si estamos de acuerdo con esta definición entonces podremos señalar como características básicas de la dedicación a la política las siguientes. Primera, se trata de una actividad presidida por la justicia y la racionalidad. Por tanto, la racionalidad, la objetividad y la perpetua y constante voluntad de dar a cada ciudadano lo que le corresponde son ingredientes esenciales del buen quehacer político. Y, segunda, estamos en presencia de una actividad humana pensada y diseñada para los demás, no para uno mismo, para la mejora constante y permanente de la vida de las personas.

Si la política se convirtiera en una actividad dirigida al bien propio, al bienestar personal, entonces se estaría desnaturalizando. Si en lugar de atender a las cuestiones colectivas se atendiera sólo, o sobre todo, a las aspiraciones personales de poder y de mando, mal asunto. Mala cosa sería, igualmente, que el político sólo se preocupara de una parte del pueblo en lugar de pensar en todos y cada uno de los ciudadanos. La centralidad de la persona, el desarrollo solidario de todos y cada uno de los derechos humanos, empezando por el primero que es el de la vida, ha de iluminar la actividad política. Los partidos, como dispone la Constitución, han de ser organizaciones abiertas, profundamente democráticas donde los militantes y simpatizantes puedan, porque se facilita, expresar sus puntos de vista y participar en la elección de los candidatos.

Es decir, los intereses generales, los intereses del pueblo en su conjunto, de la comunidad o de la colectividad, como se quiera, están por encima de las legítimas aspiraciones o intereses particulares de quienes están en política. De igual manera, el poder, que no es un fin en si mismo, hay que ejercerlo, en el gobierno o en la oposición, al servicio del pueblo, de todo el pueblo, no de una parte por importante o relevante que esta sea para alcanzar la mayoría.

Normalmente, en las sociedades maduras, en las colectividades con índices de cultura y educación cívica razonable, cuando la ciudadanía percibe que unos usan el poder para laminar, para dividir o para fragmentar al pueblo, normalmente la participación electoral es baja. Igualmente, cuando el pueblo comprueba y constata  que los dirigentes van a satisfacer sus intereses particulares o personales la gente no suele abarrotar los colegios electorales.

Desde luego, si hiciéramos una encuesta en la calle sobre la necesidad de recuperar elementos centrales de la vida democrática es probable que nos encontráramos con lo que muchos empiezan a sospechar. El problema está en que quienes debieran iniciar un gran acuerdo general para la regeneración democrática no parecen estar a la altura de las circunstancias.