El proyecto tiene dos fases, la primera y actual consiste en fortalecer el sector. Las críticas apuntan a que no se solucionan los problemas de fondo.

Un plan proyectado a 6 años y un solo objetivo: crear un sistema y una red de servicios públicos de salud de calidad. Es el discurso oficial para describir el “Plan Integral de Salud”, un programa que agrupa las políticas y acciones que ha emprendido el Ministerio desde hace aproximadamente un año.

La primera fase está en marcha y tiene tres pilares. El primero es el fortalecimiento del equipamiento en hospitales, centros y subcentros de salud; en segundo lugar está la ampliación de la cobertura de la atención médica con la extensión de la jornada a 8 horas; y en tercer lugar se complementa con la gratuidad de los servicios.

Una muestra es lo que sucede en Azuay. 211 profesionales contratados entre médicos, enfermeras y odontólogos según el director de salud de la provincia, Eduardo Guillen; 6 ambulancias nuevas, remodelación y restauración de centros y subcentros de salud en zonas como La Unión, Abdón Calderón, Ricaurte; un centro de trauma, mamógrafo, ecógrafo y tomógrafo en el hospital Vicente Corral Moscoso, que atiende entre 7.000 y 10.000 pacientes al mes, y un centro obstétrico en construcción. 

La primera fase del plan deberá durar tres años, en el cuarto, quinto año y sexto año el plan contempla la incorporación de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Seguridad Social. “El ministerio contribuye por ejemplo con 2 000 unidades operativas, la seguridad social con 700, las FFAA y Policía con las que tiene y entre todos se forma un sistema público de servicios de calidad” con la rectoría del ministerio de Salud según explica Carmen Laspina, directora general de salud.

Al hablar de los resultados de la primera fase su satisfacción es evidente. El año pasado -dice- la cobertura aumentó en un 28 por ciento. Se logró luego de la ampliación de la jornada de consulta externa y la incorporación de los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBA's).

Según datos de la Dirección General de Salud actualmente 1.000 EBA's operan en el país, cada equipo tiene de 3 a 4 integrantes que pueden ser médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos y un promotor que es una persona de la comunidad.

Los EBA's son los ejecutores del Modelo de Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural en Salud (MAI's). Noralma Mosquera, directora provincial de salud de Guayas, explica que se trata de un nuevo esquema de atención basado en la familia, y con un concepto bio-psico-social del ser humano. El borrador del modelo de atención integral, elaborado por el ministerio de salud en abril de 2008 (aún no hay documento final), lo describe como “un mecanismo para hacer realidad los derechos y deberes establecidos en la Constitución, con la finalidad de lograr formas equitativas y solidarias de organización, con transformación del Sistema Nacional de Salud (...) con un espacio de interacción Estado-sociedad, en la cual la población asume un papel protagónico dando énfasis a la inclusión social”.

En Guayas la aplicación del modelo arrancó en octubre de 2007, y hasta la fecha la dirección provincial registra 200 equipos y 60.000 familias visitadas. La labor de los EBA's consiste en recorrer una comunidad visitando casa por casa, sostiene Noralma Mosquera, para detectar riesgos y educar a los ciudadanos. Cita como ejemplo que en un subcentro de salud se puede atender y dar medicinas a un niño con diarrea, pero solamente visitando su casa se conocerá qué factores del entorno están contribuyendo a la enfermedad como la falta de agua potable, las condiciones sanitarias, entre otros.

Las críticas vienen desde adentro

El modelo que defienden las autoridades es cuestionado desde el propio sector de la salud. Las principales críticas son que no ataca problemas medulares, privilegia la cobertura y el equipamiento, y no enfatiza la prevención.

“La salud debe medirse por resultados, pero los índices de mortalidad materno-infantil se mantienen”, sostiene Orly Ollague, presidente del Colegio de Médicos de Guayas y jefe del servicio de neonatología del IESS. El informe del Estado Mundial de la Infancia 2008 de la Unicef registró que, en el 2006, 24 de cada 1.000 recién nacidos murieron en Ecuador. En ese mismo año el CIA World Factbook registró una tasa de mortalidad infantil de 22.87 y de 22.1 en el 2007.

Son algunas de las cifras en las que se basan quienes cuestionan el modelo actual de salud. Uno de ellos es Francisco Andino, ex ministro de Salud y miembro del Foro Permanente de Salud (integrado por 150 profesionales de la salud en todo el país). Su evaluación de la actual administración es que se valora el número de pacientes atendidos y el número de equipos instalados, sin embargo “la desnutrición, el VIH-Sida, las enfermedades sociales como el embarazo precoz, la mortalidad materno-infantil no han disminuido en un año y seis meses de gestión de este gobierno”.

Al interior del sector de la salud también hay preocupación por el financiamiento del Plan. Orly Ollague afirma que el proyecto no especifica el presupuesto ni de dónde se obtendrán los recursos, pero que en un proyecto de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) se habla que los recursos vendrán de la seguridad social. De ser así -explica- se concretaría una violación a la autonomía económica de la seguridad social en el país, consagrada por ley.

Ante eso, la directora nacional de salud sostiene que “el plan integral tiene financiamiento por proyectos y por el presupuesto general del estado”, y que la proyección para los próximos años es que sea financiado completamente en el presupuesto a través de impuestos.

La gratuidad en camino, la descentralización en duda

Las críticas a la administración actual también apuntan a que no se cumple la gratuidad en la atención en salud, y las autoridades no lo niegan. En Guayas Noralma Mosquera cita como ejemplo que todavía hay 560 personas que se mantienen con la autogestión, lo cual obstaculiza la gratuidad. Ese es su argumento para sostener que aún no es posible aplicarla en un 100%, pero que la meta es llegar a la totalidad a principios del próximo año.
Lo que sí defiende es que la descentralización es una realidad en el sector de la salud, y que las direcciones provinciales tienen autonomía para contrataciones, emisión de certificados, ejercicio de controles, entre otras tareas cotidianas.

Mientras ella hace su explicación Ignacio Cantos, propietario de una farmacia en el sector de La Garzota, al norte de Guayaquil, espera afuera de su despacho una audiencia para que alguien le explique por qué debe viajar a Quito para pagar una multa por haber incumplido con los certificados para el funcionamiento de su farmacia. “No entiendo por qué debo viajar a Quito si se supone que todos los trámites son descentralizados”. Casi todos, sostiene Mosquera; justamente la infracción cometida por Cantos la juzga la Dirección Nacional, que tiene sede en Quito.